El "filete" ofrecido por el dominicano Quirino Ernesto Paulino Castillo fue tan apetecible para el Gobierno de Estados Unidos que los fiscales federales del Distrito Sur -con sede en esta ciudad- no dudaron en aceptar la propuesta de dar visas a 18 parientes del acusado, devolverle parte de su fortuna y garantizarle un estatus dentro del Programa de Protección a Testigos Federales.
La negociación lograda por Quirino y su abogado Lawrence F. Ruggiero no tiene precedentes en la historia de ese tipo de pactos entre el Departamento de Justicia, la DEA y acusados en casos de narcotráfico internacional.
Según un contacto de este reportero en Washington y que ha estado estrechamente vinculado a "gestiones" entre representantes de Quirino y los fiscales federales del caso, las negociaciones se facilitaron porque Estados Unidos quería llegar directamente a capos de la droga de Colombia y México, alegadamente suplidores del ex capitán dominicano que en asociación, y como parte de una amplia red internacional, controlan en la actualidad una gran porción de territorios en Centro y Sur América. Esa sociedad usa como puente a países como República Dominicana, Haití, Puerto Rico y otras islas del Caribe, en donde Quirino sólo servía como distribuidor de la cocaína o "testaferro" de esos intereses.
Se dijo, incluso, que muchas de las multimillonarias propiedades del ex militar incautadas por el Gobierno dominicano fueron compradas para "lavar" dinero proveniente de esas redes, que le era entregado a Quirino desde la década de los 80 en la frontera sur dominico-haitiana por miembros de carteles del narcotráfico colombiano.
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