Sólo unos 1,372 funcionarios, de una cantidad superior a los 2,500, habían cumplido hasta ayer con la declaración de su patrimonio, según lo estipulado por la Ley 82-79 y el decreto 287-06.Ambas normativas disponen que los funcionarios del Gobierno deben declarar sus bienes un mes después de tomar posesión del cargo, a pena de la retención de su salario y hasta la destitución del cargo, mientras que los salientes deben cumplir con esa obligación, un mes después de cesar en sus puestos.
La Tesorería Nacional informó el martes de la retención del salario correspondiente a este mes, sólo a 247 funcionarios. A esa fecha, solo habían presentado un inventario detallado de sus bienes 1,330 funcionarios públicos.
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